Los socialistas franceses y la inmigrante Leonarda

26/10/2013 — Deja un comentario

Por Andiel Galván

Las izquierdas, por ideología, suelen abordar con un enfoque más humanitario el fenómeno de la migración. Pero cuando existe un marco legal que lo regula, ya no son los valores político-partidarios los que determinan la aplicación de la política migratoria, sino las leyes vigentes. Así el gobierno de Francia se ha visto envuelto en una nueva polémica, que surgió hace unas semanas con la detención de la menor de edad en situación de ilegalidad, Leonarda Dibrani, para ser deportada a Kosovo junto a su familia.

Aun si las autoridades entienden que se realizó con apego a la ley, se generaron manifestaciones de miles de estudiantes en todo el país en rechazo a la deportación de la joven Leonarda, quien fue arrestada en medio de una excursión escolar. Los estudiantes también exigieron el retorno a Francia de Khatchik Kachatryan, un joven armenio de 19 años escolarizado en París y recién deportado.

La popularidad del presidente François Hollande en 23%, se sitúa entre las más bajas de Europa, con sólo 18 meses en el poder. No se sabe si como un gesto de sensibilidad o en un intento por mejorar su aceptación, el pasado sábado envió un mensaje televisivo a la población, en que propuso a la joven Leonarda, ya trasladada a Kosovo, regresar a Francia a continuar sus estudios sin sus familiares. De inmediato, casi toda la oposición y hasta miembros de su propio partido se opusieron a la forma y fondo de su manejo al caso.

Se le critica que como Presidente se involucre directamente en un asunto de menor jerarquía, controversial por demás, que bien el ministro de interior o el primer ministro podían resolver. La derecha y extrema derecha han intentado sacar provecho político y han cuestionado la debilidad de Hollande al permitir regresar a la niña a Francia, así como la transgresión al Estado de derecho que significaría esta excepción presidencial. Otros insisten en el daño psicológico que la adolescente de 15 años acarrearía al estar separada de sus parientes.

El debate migratorio genera muchas pasiones. Es difícil para un jefe de Estado pretender intervenir y salir ileso en un conflicto de esta naturaleza. Más aun, cuando se trata de mediar a favor de los afectados por la aplicación de una reglamentación migratoria,  emanada de otro poder del Estado con el aval jurídico necesario. Si la ley es injusta, ése es otro problema. Se debe propiciar una amplia discusión de la política migratoria con la participación de los diferentes sectores de la sociedad. Pero entonces la lucha debe llevarse a otra instancia estatal, no al Ejecutivo, sobre todo desde que existe la separación de poderes en la República.

 

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