Archivos para Artículos de opinión

A finales de mayo 2015 estuve en Puerto Príncipe, en un Seminario Internacional sobre los sistemas de protección social, organizado por la Comisión Económica Para América Latina y El Caribe (CEPAL) y el Ministerio de Asuntos Sociales y de TrabajoPresentación Andiel protección social en Haití, de Haití.

Me tocó exponer sobre la experiencia y desafíos del sistema dominicano de protección social, y la estrategia de reducción de la pobreza que se lleva a cabo desde el Gabinete de Políticas Sociales, que coordina la Sra. Vicepresidenta de la República.

A pesar de ser un foro de alto nivel, me la jugué e hice la exposición de 15 minutos totalmente en francés, consciente de que en español me hubiese sentido bastante más cómodo, evidentemente. Pero valió la pena, pues me ganó el interés de la audiencia, compuesta esencialmente por funcionarios y activistas sociales haitianos.

Valoraron muy bien la ponencia y mostraron mucho interés en aprender de la experiencia dominicana, lo que nos permitirá articular acciones posteriores de cooperación técnica.

Sin dudas que hablarles su idioma, e interactuar directamente, sin traductores, permite conectar más, y les inspira algo más de respeto hacia un representante del gobierno dominicano.

La experiencia me hizo reflexionar sobre los pocos incentivos que tenemos los servidores públicos dominicanos para dominar el francés, y más aún, el creole.

Bien le haría a nuestro funcionariado asumir como política dominar al menos el francés, el inglés, u otros idiomas que nos permitan conectarnos con personas, conocimiento e informaciones relevantes para la defensa de nuestros intereses estratégicos, y que no necesariamente están en español.

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Por Andiel Galván

En los Estados Unidos por los 1930, en tiempos del “Nuevo Trato” (New Deal), nacen los primeros trabajos de análisis de políticas públicas, según los expertos Daniel Kubler y Jacques de Maillard. Ante la Gran Depresión que afectaba a Estados Unidos, el presidente Franklin D. Roosevelt aplicó un programa de medidas que reafirmó el intervencionismo del Estado en la vida de la sociedad estadounidense. Es el contexto en que más adelante, por los 60s, se crearon centros de investigación, doctorados, manuales y grupos de investigación preocupados por sistematizar y descifrar la acción gubernamental.

La escuela de gobierno John F. Kennedy, fundada en 1963, es por excelencia el centro de postgrado e investigación en Asuntos Públicos de la Universidad de Harvard. Sus programas insignia son el Máster en Administración Pública (MPA) y el Máster en Políticas Públicas (MPP). También ofrece postgrados y Doctorados en Gobierno, Desarrollo Internacional, Política Social, Economía Política y áreas relacionadas. Algunos egresados prominentes son: Felipe Calderón, expresidente de México (2006-2012); José María Figueres, expresidente de Costa Rica (1994-1998); Ban Ki-moon, Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), entre otros de una larga lista.

En contraposición al modelo clásico-centralizador de estados europeos administrativistas, como Francia y Alemania, la HKS representa un sistema más abierto en el que universidades privadas y otras estructuras alimentan la oferta de formación en asuntos públicos. Si bien el criterio del mérito es el principal determinante para entrar a ser admitido en Harvard, los costos de matrícula y manutención exorbitantes establecen un filtro para quienes no provienen de familias adineradas ni lograron conseguir becas completas, y que tampoco están en condiciones de tomar préstamos educativos por esos montos. En este esquema de configuración de la élite gobernante también se inscriben los ingleses, con el peso social que todavía tiene ser “Oxbridge graduate”, como se le conoce a los egresados de las universidades de Oxford y Cambridge.

Programa Harvard-México. Una experiencia de cooperación académica aleccionadora es la que se dio entre el Centro de Desarrollo Internacional de Harvard y la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas (EGAP) del Instituto Tecnológico de Monterrey (ITESM). En el marco de este acuerdo, de 2003 a 2012, cientos de estudiantes y profesores participaron en programas conjuntos de formación e investigación. También se ofrecieron programas de educación continua para funcionarios del Gobierno mexicano y otros líderes públicos. Los docentes y recursos académicos de la HKS fueron fundamentales para el éxito del programa.

El Caribehttp://www.elcaribe.com.do/2014/03/13/escuela-gobierno-harvard-hks

Por Andiel Galván 

Al superar en 1945 la ocupación alemana en Francia en la Segunda Guerra Mundial, el gobierno de Charles de Gaulle se abocó a un proceso de reforma del Estado. Se imponía revisar el funcionamiento de la Administración Pública, cuyos métodos y objetivos se habían un tanto distorsionado bajo el régimen colaboracionista de Vichy. El reto de los reformadores fue mejorar la eficiencia, fortalecer la coordinación y superar la politización de la burocracia, que pasaba porque los servidores públicos restablecieran la lealtad al Estado, no al gobierno ni partido de turno.

La Escuela Nacional de Administración (ENA) nació para democratizar el acceso a la alta función pública en el Estado francés. Antes, cada ministerio realizaba sus propios concursos de oposición para reclutar los cuadros que requerían, pero se sentía que faltaba homogeneidad en la aplicación de los principios de mérito y a veces transparencia. La ENA centralizó los concursos que cada año seleccionan entre 80 y 100 ciudadanos franceses, más unas decenas de extranjeros que se benefician de la formación. También ofrecen programas de maestría y formación continua en Asuntos Públicos abiertos al público.

El presidente de la República, François Hollande, encabeza la lista de egresados de la ENA que han alcanzado la jefatura del Estado, que también integran los expresidentes Jacques Chirac (1995-2007) y Valéry Giscard d’Estaing (1974-1981). Otros “enarcas” son los ex primeros ministros: Dominique de Villepin, Lionel Jospin, Alain Juppé, Édouard Balladur, Michel Rocard, Laurent Fabius y Jacques Chirac. Del gabinete actual figuran los ministros Fabius (Relaciones Exteriores), Pierre Moscovici (Economía y Finanzas), Michel Sapin (Trabajo) y Fleur Pellerin (Pymes e Innovación). Además de encontrarse distribuidos en el espectro partidario y ser parte sustancial de la clase política francesa, entre sus egresados también los hay líderes empresariales, de organismos internacionales e intelectuales.

La ENA ayudó a consolidar el vínculo entre mérito académico y acceso a la alta gestión estatal. Esta institución, dentro de sus esfuerzos de cooperación internacional, ha contribuido a la creación de capacidades de profesionales dominicanos mediante postgrados en coordinación con el Ministerio de Administración Pública y universidades privadas. Pero además del aporte de las maestrías aisladas de la ENA, que no se enmarcan necesariamente en un sistema de mérito, el Estado dominicano tiene el reto de crear su propia Escuela de Gobierno, y que el ingreso a ésta sea la principal vía de entrada para la próxima generación de altos funcionarios dominicanos.

El Caribe. http://www.elcaribe.com.do/2014/03/06/escuela-nacional-administracion-ena

Por Andiel Galván

La propuesta unánime de los entrevistados para el estudio “Formación en Asuntos Públicos y Liderazgo Político: un caso de estudio de la República Dominicana” es: la creación de una escuela de gobierno pública en el país. El Estado no cuenta con un centro educativo que forme a los altos funcionarios de la Administración Pública. Las opciones pasan por transformar el actual Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), cuyas limitaciones describimos en el artículo anterior. O por crear un nuevo Instituto de Educación Superior especializado con estos fines.

La Escuela de Gobierno Dominicana ayudaría a reclutar la próxima generación de líderes de los asuntos públicos. Los estudiantes ingresarían por concurso, en función del mérito, la vocación de servicio y otros criterios, y desde ya formarían parte de la carrera administrativa. El costo para los admitidos sería 0, para que el nivel socioeconómico no constituya un factor determinante en la selección. Los egresados de la escuela serán colocados en puestos de importancia en la Administración Pública de acuerdo al desempeño y aptitudes profesionales.

La clave está en la independencia que esta nueva entidad debe tener del gobierno de turno, de los partidos políticos y de cualquier otra instancia de poder del Estado. Los modelos de gestión van desde una institución dependiente del Gobierno central, hasta una autónoma descentralizada, o bien una gestión en asociación con alguna universidad nacional y/o internacional. Lo cierto es que estos tipos de organizaciones no son nuevas. Ejemplos emblemáticos son la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia, su homónima en Brasil, la Escuela Alemana de Ciencias Administrativas Speyer, entre otras.

La solución para contar con funcionarios más capacitados debe venir del Estado, ya que el mercado ha demostrado que solo no está en condiciones de suplir esta necesidad de una gestión pública moderna. Independientemente de su afiliación política, nivel socioeconómico y relaciones primarias, esta escuela estará abierta para todos los ciudadanos con la motivación y el mérito suficientes para desarrollar una carrera al servicio de la República.

El Caribe. http://www.elcaribe.com.do/2014/02/27/escuela-dominicana-gobierno

Por Andiel Galván

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) tiene la misión de formar, capacitar, perfeccionar y actualizar a los empleados del Estado, así como a los ciudadanos que aspiren a ingresar al servicio público. La labor educativa de esta entidad se concentra en los gerentes medios y empleados administrativos, pues los escasos recursos presupuestarios no alcanzan para incluir a la alta dirección.

Tampoco ofrece postgrados o maestrías con aval universitario, sino que sus seminarios, cursos y diplomados operan en la modalidad de educación continua. El principal grupo objetivo al que se destina su oferta son los empleados públicos y no necesariamente tienen que estar en la carrera administrativa o contar con méritos académicos o profesionales específicos.

El ciudadano que no trabaja en el Estado, pero con vocación de adiestrarse para el servicio público tiene que optar por las universidades privadas o irse al extranjero. El sistema no está pensado para captar a los más aptos profesionales, brindarles capacitación, y luego incorporarlos al servicio civil. Ni a los mismos empleados públicos que cursan los módulos del INAP se les garantiza una promoción o mejora de sus términos laborales. Lo que sí ocurre es que beneficiarios de estos programas se pueden ir al sector privado y no hay consecuencias. Aunque, el Estado pierde la inversión en ese recurso humano.

¿Podemos verdaderamente hablar de una clase gobernante? ¿Sobre qué terreno y lenguaje común los actores del sistema político pueden lograr consensos trascendentes para el desarrollo del país? Ni siquiera se ha logrado pactar una ley que regule a los partidos. Es que quienes nos dirigen no pasaron por una escuela de gobierno estatal, y en su mayoría tampoco por una escuela política partidaria. La única formación común con la que cuentan quienes adoptan las altas decisiones es el bachillerato, conocidas las abismales diferencias de los centros educativos del país. La creación de la Escuela de Gobierno del Estado dominicano contribuiría a formar una clase gobernante.

Por Andiel Galván

El difunto Programa de Formación y Gerencia Política (PFGP) existió desde 2005 hasta 2012, y benefició a más de 2,000 jóvenes con edad entre los 18 y 45 años mayoritariamente miembros de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil. El objetivo era ofrecer apoyo a los procesos de democratización de los partidos a través de la capacitación y entrenamiento del liderazgo político joven. Además se realizaban conferencias, publicaciones, se ofrecía asistencia técnica a los partidos y hasta una Red de Egresados se creó. Pero por falta de fondos cerró.

En aproximadamente seis meses se agotaba el curso de formación que abarcaba módulos sobre buen gobierno, instituciones y prácticas democráticas, modernización de partidos y gerencia política. Cada sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde más de 500 jóvenes distribuidos en las regiones Metropolitana, Norte, Nordeste, Noroeste, Sur y Este recibían docencia, y hasta les suplían almuerzo y refrigerios. La diversidad de los participantes y el alto nivel académico de los facilitadores creaban las condiciones para ricos debates sobre la realidad y retos del sistema de partidos, de políticas sectoriales y el futuro del país.

El Programa lo ejecutó el consorcio creado entre el Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC), el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social (CEGES/INTEC) y el Centro de Investigación y Estudios Sociales (CIES/UNIBE), con el respaldo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se buscaba que progresivamente los partidos aumentaran las contribuciones económicas hasta cubrir completamente la matrícula de los cursos, y lograr la sostenibilidad sin financiamiento externo.

La primera etapa (2005-2007) fue cubierta en su totalidad por la USAID. Pero en la idea de transitar hacia la autosuficiencia, se intentó aplicar a una modalidad en que esta agencia internacional cubriría el 64% del costo general de la segunda etapa del Programa (2008-2012), mientras el restante 36% era responsabilidad de las contrapartidas locales. El monto total de la segunda etapa representaba cerca de 120 millones  de pesos, que beneficiaría directamente alrededor de 3,500 jóvenes. Por falta de fondos hubo que clausurarlo.

Donde los recursos abundan es en los 805 millones de pesos que 26 partidos políticos reciben como financiación del Estado sólo en 2013, como establece la Ley Electoral, que manda a la Junta Central Electoral a otorgar el 0.25 por ciento de los recursos tributarios del Gobierno en los años no electorales. De esa suma, 664 millones 34 mil 768 pesos para el PLD, PRD y PRSC. Los restantes 161 se distribuirán entre 23 organizaciones que obtuvieron menos del 5% de los votos válidos emitidos, pero que mantuvieron el reconocimiento.

Con apenas 15% del dinero que la JCE entrega a los partidos se financian cuatro años de formación política de calidad para los jóvenes dominicanos. No se explica cómo desde los partidos se permite que se cierren programas de esta naturaleza con una mano, y con la otra se pretenden grandes defensores y promotores de la juventud con vocación política. Mientras el PFGP cerró por falta de recursos, los partidos reciben bastante. Entonces hay recursos para la formación de los políticos, pero hace falta una ley que obligue a los partidos a invertir en la educación de su militancia.

Por Andiel Galván

La mayoría de los senadores y ministros dominicanos no cuentan con una educación universitaria en asuntos de Estado, como se ha presentado en los artículos anteriores. Buena parte de los que han recibido capacitación en el área ha sido a modo de educación continua, y una vez en el ejercicio de sus funciones. Las universidades públicas y privadas no satisfacen la demanda de formación especializada en el área, pero tampoco los partidos políticos, con vocación de reclutar ciudadanos para la participación, no ofrecen ni un entrenamiento mínimo a su militancia.

“Usted no puede promover una ideología sin educación política para los miembros del partido”, nos razonó la licenciada Yvelisse Prats de Pérez, exsecretaria de Estado de Educación y una de las fundadoras del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, escuela política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este centro, fundado en 2005, imparte esporádicamente actividades formativas sobre historia y estatutos del PRD, Social Democracia. También ofrece una Maestría en Ciencias Políticas con el aval académico de una universidad privada nacional.

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gedeón Santos, quien fuera secretario titular de formación política, explicó que al momento de aprobar la masificación de ese partido, existía un plan estratégico para educar a la avalancha de nuevos miembros que entraría, pero esas pretensiones fueron relegadas. Esta organización no ofrece un programa regular de formación para sus militantes nuevos ni viejos. Mientras el Instituto de Formación Política (IFP) Dr. Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se ha reactivado en los últimos años y ofrece cursos de doctrina, liderazgo y técnicas de campaña para la militancia en diferentes municipios del país. Tiene el reto de institucionalizar los programas de formación y de mantener el dinamismo que le ha impregnado su director, Eddy Martínez.

Es que “las escuelas de los partidos políticos están teóricamente abiertas, pero prácticamente cerradas”, como expresó, apenado, el politólogo Rafael Toribio. La única formación política que no se ha descuidado en los partidos grandes es el entrenamiento electoral, sobre cómo marcar y defender el voto el día D. Cómo pasar de un enfoque de formación al servicio de maquinarias electorales a una educación política para gobernar al servicio de los dominicanos. Lo más importante es la voluntad de la alta dirigencia de los partidos, que se expresa en los recursos económicos, humanos y tecnológicos que se dispongan para relanzar sus escuelas políticas.

Aprobado el proyecto de ley de partidos que se discute, se obligaría a los partidos a especializar en formación política el 25% del financiamiento público que cada año asigne la Junta Central Electoral, salvo año electoral. Las actividades de formación también se podrían sustentar con la contribución voluntaria de parte de la nutrida membresía de los partidos, y con donaciones y cooperación técnica de institutos de formación y think tanks internacionales.