Por Andiel Galván

La propuesta unánime de los entrevistados para el estudio “Formación en Asuntos Públicos y Liderazgo Político: un caso de estudio de la República Dominicana” es: la creación de una escuela de gobierno pública en el país. El Estado no cuenta con un centro educativo que forme a los altos funcionarios de la Administración Pública. Las opciones pasan por transformar el actual Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), cuyas limitaciones describimos en el artículo anterior. O por crear un nuevo Instituto de Educación Superior especializado con estos fines.

La Escuela de Gobierno Dominicana ayudaría a reclutar la próxima generación de líderes de los asuntos públicos. Los estudiantes ingresarían por concurso, en función del mérito, la vocación de servicio y otros criterios, y desde ya formarían parte de la carrera administrativa. El costo para los admitidos sería 0, para que el nivel socioeconómico no constituya un factor determinante en la selección. Los egresados de la escuela serán colocados en puestos de importancia en la Administración Pública de acuerdo al desempeño y aptitudes profesionales.

La clave está en la independencia que esta nueva entidad debe tener del gobierno de turno, de los partidos políticos y de cualquier otra instancia de poder del Estado. Los modelos de gestión van desde una institución dependiente del Gobierno central, hasta una autónoma descentralizada, o bien una gestión en asociación con alguna universidad nacional y/o internacional. Lo cierto es que estos tipos de organizaciones no son nuevas. Ejemplos emblemáticos son la Escuela Nacional de Administración (ENA) de Francia, su homónima en Brasil, la Escuela Alemana de Ciencias Administrativas Speyer, entre otras.

La solución para contar con funcionarios más capacitados debe venir del Estado, ya que el mercado ha demostrado que solo no está en condiciones de suplir esta necesidad de una gestión pública moderna. Independientemente de su afiliación política, nivel socioeconómico y relaciones primarias, esta escuela estará abierta para todos los ciudadanos con la motivación y el mérito suficientes para desarrollar una carrera al servicio de la República.

El Caribe. http://www.elcaribe.com.do/2014/02/27/escuela-dominicana-gobierno

Por Andiel Galván

El Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) tiene la misión de formar, capacitar, perfeccionar y actualizar a los empleados del Estado, así como a los ciudadanos que aspiren a ingresar al servicio público. La labor educativa de esta entidad se concentra en los gerentes medios y empleados administrativos, pues los escasos recursos presupuestarios no alcanzan para incluir a la alta dirección.

Tampoco ofrece postgrados o maestrías con aval universitario, sino que sus seminarios, cursos y diplomados operan en la modalidad de educación continua. El principal grupo objetivo al que se destina su oferta son los empleados públicos y no necesariamente tienen que estar en la carrera administrativa o contar con méritos académicos o profesionales específicos.

El ciudadano que no trabaja en el Estado, pero con vocación de adiestrarse para el servicio público tiene que optar por las universidades privadas o irse al extranjero. El sistema no está pensado para captar a los más aptos profesionales, brindarles capacitación, y luego incorporarlos al servicio civil. Ni a los mismos empleados públicos que cursan los módulos del INAP se les garantiza una promoción o mejora de sus términos laborales. Lo que sí ocurre es que beneficiarios de estos programas se pueden ir al sector privado y no hay consecuencias. Aunque, el Estado pierde la inversión en ese recurso humano.

¿Podemos verdaderamente hablar de una clase gobernante? ¿Sobre qué terreno y lenguaje común los actores del sistema político pueden lograr consensos trascendentes para el desarrollo del país? Ni siquiera se ha logrado pactar una ley que regule a los partidos. Es que quienes nos dirigen no pasaron por una escuela de gobierno estatal, y en su mayoría tampoco por una escuela política partidaria. La única formación común con la que cuentan quienes adoptan las altas decisiones es el bachillerato, conocidas las abismales diferencias de los centros educativos del país. La creación de la Escuela de Gobierno del Estado dominicano contribuiría a formar una clase gobernante.

Por Andiel Galván

El difunto Programa de Formación y Gerencia Política (PFGP) existió desde 2005 hasta 2012, y benefició a más de 2,000 jóvenes con edad entre los 18 y 45 años mayoritariamente miembros de partidos políticos y de organizaciones de la sociedad civil. El objetivo era ofrecer apoyo a los procesos de democratización de los partidos a través de la capacitación y entrenamiento del liderazgo político joven. Además se realizaban conferencias, publicaciones, se ofrecía asistencia técnica a los partidos y hasta una Red de Egresados se creó. Pero por falta de fondos cerró.

En aproximadamente seis meses se agotaba el curso de formación que abarcaba módulos sobre buen gobierno, instituciones y prácticas democráticas, modernización de partidos y gerencia política. Cada sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde más de 500 jóvenes distribuidos en las regiones Metropolitana, Norte, Nordeste, Noroeste, Sur y Este recibían docencia, y hasta les suplían almuerzo y refrigerios. La diversidad de los participantes y el alto nivel académico de los facilitadores creaban las condiciones para ricos debates sobre la realidad y retos del sistema de partidos, de políticas sectoriales y el futuro del país.

El Programa lo ejecutó el consorcio creado entre el Movimiento Cívico Participación Ciudadana (PC), el Centro de Gobernabilidad y Gerencia Social (CEGES/INTEC) y el Centro de Investigación y Estudios Sociales (CIES/UNIBE), con el respaldo financiero de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID). Se buscaba que progresivamente los partidos aumentaran las contribuciones económicas hasta cubrir completamente la matrícula de los cursos, y lograr la sostenibilidad sin financiamiento externo.

La primera etapa (2005-2007) fue cubierta en su totalidad por la USAID. Pero en la idea de transitar hacia la autosuficiencia, se intentó aplicar a una modalidad en que esta agencia internacional cubriría el 64% del costo general de la segunda etapa del Programa (2008-2012), mientras el restante 36% era responsabilidad de las contrapartidas locales. El monto total de la segunda etapa representaba cerca de 120 millones  de pesos, que beneficiaría directamente alrededor de 3,500 jóvenes. Por falta de fondos hubo que clausurarlo.

Donde los recursos abundan es en los 805 millones de pesos que 26 partidos políticos reciben como financiación del Estado sólo en 2013, como establece la Ley Electoral, que manda a la Junta Central Electoral a otorgar el 0.25 por ciento de los recursos tributarios del Gobierno en los años no electorales. De esa suma, 664 millones 34 mil 768 pesos para el PLD, PRD y PRSC. Los restantes 161 se distribuirán entre 23 organizaciones que obtuvieron menos del 5% de los votos válidos emitidos, pero que mantuvieron el reconocimiento.

Con apenas 15% del dinero que la JCE entrega a los partidos se financian cuatro años de formación política de calidad para los jóvenes dominicanos. No se explica cómo desde los partidos se permite que se cierren programas de esta naturaleza con una mano, y con la otra se pretenden grandes defensores y promotores de la juventud con vocación política. Mientras el PFGP cerró por falta de recursos, los partidos reciben bastante. Entonces hay recursos para la formación de los políticos, pero hace falta una ley que obligue a los partidos a invertir en la educación de su militancia.

Por Andiel Galván

La mayoría de los senadores y ministros dominicanos no cuentan con una educación universitaria en asuntos de Estado, como se ha presentado en los artículos anteriores. Buena parte de los que han recibido capacitación en el área ha sido a modo de educación continua, y una vez en el ejercicio de sus funciones. Las universidades públicas y privadas no satisfacen la demanda de formación especializada en el área, pero tampoco los partidos políticos, con vocación de reclutar ciudadanos para la participación, no ofrecen ni un entrenamiento mínimo a su militancia.

“Usted no puede promover una ideología sin educación política para los miembros del partido”, nos razonó la licenciada Yvelisse Prats de Pérez, exsecretaria de Estado de Educación y una de las fundadoras del Instituto de Formación Política José Francisco Peña Gómez, escuela política del Partido Revolucionario Dominicano (PRD). Este centro, fundado en 2005, imparte esporádicamente actividades formativas sobre historia y estatutos del PRD, Social Democracia. También ofrece una Maestría en Ciencias Políticas con el aval académico de una universidad privada nacional.

En el caso del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Gedeón Santos, quien fuera secretario titular de formación política, explicó que al momento de aprobar la masificación de ese partido, existía un plan estratégico para educar a la avalancha de nuevos miembros que entraría, pero esas pretensiones fueron relegadas. Esta organización no ofrece un programa regular de formación para sus militantes nuevos ni viejos. Mientras el Instituto de Formación Política (IFP) Dr. Joaquín Balaguer, del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), se ha reactivado en los últimos años y ofrece cursos de doctrina, liderazgo y técnicas de campaña para la militancia en diferentes municipios del país. Tiene el reto de institucionalizar los programas de formación y de mantener el dinamismo que le ha impregnado su director, Eddy Martínez.

Es que “las escuelas de los partidos políticos están teóricamente abiertas, pero prácticamente cerradas”, como expresó, apenado, el politólogo Rafael Toribio. La única formación política que no se ha descuidado en los partidos grandes es el entrenamiento electoral, sobre cómo marcar y defender el voto el día D. Cómo pasar de un enfoque de formación al servicio de maquinarias electorales a una educación política para gobernar al servicio de los dominicanos. Lo más importante es la voluntad de la alta dirigencia de los partidos, que se expresa en los recursos económicos, humanos y tecnológicos que se dispongan para relanzar sus escuelas políticas.

Aprobado el proyecto de ley de partidos que se discute, se obligaría a los partidos a especializar en formación política el 25% del financiamiento público que cada año asigne la Junta Central Electoral, salvo año electoral. Las actividades de formación también se podrían sustentar con la contribución voluntaria de parte de la nutrida membresía de los partidos, y con donaciones y cooperación técnica de institutos de formación y think tanks internacionales.

Por Andiel Galván

La oferta educativa en asuntos de Estado la proporcionan institutos de formación, universidades públicas y privadas, partidos políticos, en algunos casos mediante acuerdos con centros de formación extranjeros. Una característica de los programas académicos en asuntos públicos en el país es la discontinuidad en la oferta. La baja cantidad de personas dispuestas a inscribirse no cubriría los costos del programa, entonces no serían rentables.

Hay programas que han estado cerrados por años. A pesar de que la página web de una universidad privada dominicana muestre que ofrece una Maestría en Políticas Públicas o una Especialidad en Desarrollo Humano, es probable que se posponga su inicio de manera indefinida. Algunos programas fueron creados con fondos de organismos internacionales con becas para los estudiantes, con la expectativa de que al cabo de una o dos promociones de egresados, se tornaran autosostenibles financieramente, sea por el pago individual de los potenciales estudiantes, o por el financiamiento del sector público o privado nacional.

La Universidad Autónoma de Santo Domingo, pese a ser la que mayores subsidios estatales recibe para los estudiantes, sólo aplican para las licenciaturas, mas no para los programas de posgrado. Los costos de las maestrías en asuntos públicos rondan los de las universidades privadas. Esta situación también afecta a privadas como la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña (UNPHU), que ofrece la maestría en Ciencias Políticas más antigua del país, fundada en 1979. Por la persistencia de las autoridades académicas del programa y de la universidad, ha sobrevivido por décadas bajo el acecho de la falta de quórum y de financiamiento de terceros para los estudiantes potenciales.

Sin embargo, los entrevistados coincidieron en que el caso más exitoso en términos de regularidad y calidad en la oferta de maestrías en asuntos públicos es el Instituto Global de Altos Estudios (IGLOBAL) de la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode). Desde la apertura de este instituto de educación superior privado, la demanda se ha mantenido constante por parte de empleados del sector público, del sector privado y del público en general. La próxima entrega tratará la formación política desde los partidos políticos.